Una denuncia de tutela laboral en contra del Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía presentó el encargado del Departamento de Litigios, Francisco Torres, acusando discriminación y vulneración de derechos fundamentales.
Una serie de situaciones afectan al profesional que ingresó al servicio en 2018, cuando asumió como encargado del extinto Departamento Jurídico y del cual estuvo al mando hasta febrero de este año.
Los problemas comenzaron en diciembre del 2023 tras regresar de una extensa licencia médica, percatándose que no se había tramitado una medida de control interno respecto al actuar de una ex funcionaria que se le vincula al Caso Convenios.
No sólo eso, ya que también descubrió situaciones que podían constituir delitos y por lo mismo comenzó a colaborar en calidad de testigo en la investigación del Ministerio Público.
Todo empeoró tras el regreso de sus vacaciones en febrero, cuando de manera sorpresiva se enteró de la reestructuración que eliminó el Departamento Jurídico del cual estuvo a cargo durante 6 años.
Para Francisco Torres ese fue el punto de partida, ya que su carga laboral se redujo en cerca de un 95% y en su puesto quedó quien hasta ese momento lo estaba subrogando.
Según dijo, todo se tramitó de manera irregular y en su ausencia, siendo informado con posterioridad de la eliminación del departamento.
Consultado si su relación con el Gobierno Regional se deterioró tras comenzar a colaborar con el Ministerio Público, dijo que es algo que puede “intuir”.
Así las cosas, Torres señaló que desde febrero no puede entablar comunicación con el gobernador, Luciano Rivas, a pesar que lo ha intentado a través de todos los canales formales.
Además, afirmó que nunca se justificó el motivo por el cual se decidió dejar como encargado del nuevo Departamento de Asesoría Jurídico – Administrativa a su subrogante, Raúl Henríquez, considerando que es una persona que ejerció el cargo por algunos meses.
Así, Francisco Torres quedó relegado al nuevo Departamento de Litigios, que tramita cerca de 25 causas junto a otros dos abogados.
En su denuncia, aseguró que se vulneraron derechos fundamentales, incurriendo en “actos de discriminación arbitraria y de acoso laboral”, pidiendo que se ordene al Gobierno Regional restablecer sus funciones.
