«Gendarmes sin rostro»: diputados proponen que funcionarios puedan cubrir su nombre y cara en cárceles

«Gendarmes sin rostro»: diputados proponen que funcionarios puedan cubrir su nombre y cara en cárceles
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El diputado independiente Jaime Araya, en conjunto con la diputada Camila Musante y otras autoridades, presentaron el proyecto de ley «Gendarmes sin rostro», que permitiría a funcionarios de Gendarmería ocultar sus identidades con implementos y códigos alfanuméricos en lugar de nombres y apellidos en sus uniformes, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los gendarmes ante situaciones de violencia diaria. Musante pide urgencia al Gobierno para proteger la integridad de los gendarmes amenazados, solicitando un aumento en el presupuesto para apoyar su salud mental y física. Datos del CEP muestran un aumento del 29% en la población penal en la última década en Chile, lo que ha impulsado propuestas como la construcción de una cárcel de alta seguridad y la creación de una Fuerza Especial de Gendarmería.

El diputado independiente y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, presentó junto a la diputada Camila Musante y otras autoridades, el proyecto de ley “Gendarmes sin rostro”.

Dicha idea busca permitir a funcionarios de Gendarmería cubrir su rostro mediante diversos implementos, además de reemplazar sus nombres y apellidos -los cuales aparecen en el uniforme institucional- por un código alfanumérico.

Así se buscará dar mayor seguridad a los funcionarios, quienes deben enfrentarse día a día a situaciones de violencia, según señaló el diputado Araya.

La diputada Camila Musante, independiente de la bancada del PPD, indicó que se pretende solicitar la urgencia del Gobierno al proyecto de que resguarda la integridad de los gendarmes, ya que -según sus palabras- muchos de ellos son amenazados.

La parlamentaria dijo esperar que el Ejecutivo se “ponga una mano en el corazón” y aumente el presupuesto para los gendarmes, para así apoyar su salud mental y física.

Con todo, según datos publicados por el Centro de Estudios Públicos (CEP), en la última década la población penal en nuestro país ha aumentado un 29%, pasando de 43.158 a 59.576 reos.

En ese contexto es que también se han sumado al debate otras propuestas, como la construcción de una cárcel de alta seguridad y la creación de una Fuerza Especial de Gendarmería.