Parlamentarios de oficialismo abrieron un nuevo flanco al gobierno, al solicitarle que separe el adelanto del Índice de Costos de Salud ICSA de la discusión del Reajuste al Sector Público. Incluso se habla de aplazar o presentar como proyecto aparte la medida.
A más de un año del primer fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores, por primera vez la Cámara de Diputadas y Diputados se va a involucrar con el voto, en la crisis del sistema privado de salud.
Ya lo hace con un flanco abierto para el gobierno por el costado del oficialismo. A las 5 de la tarde entró a la Corporación el Reajuste al Sector Público, y los ojos de la Comisión de Salud se fueron directo a la página 108.
Tal como comprometió el Ejecutivo a los senadores la semana pasada, se incluyó el adelanto excepcional de la publicación del ICSA -Índice de Costos de la Salud- para comunicarse en febrero e implementándose en abril. El ICSA, calcula año a año el tope máximo de cobro de planes de las Isapres.
El diputado Tomás Lagomarsino, radical de la Comisión de Salud, dijo que el Ejecutivo ‘se excedió’ y la Cámara estuvo de acuerdo en enviar este artículo -el 99 del reajuste- a la Comisión de Salud.
¿Por qué se habría excedido? Porque además elimina excepcionalmente mecanismos de contención de costos, como el que considera prestaciones que se realicen en la modalidad de libre elección de FONASA.
El jueves 9 de marzo de este año, la Superintendencia calculó el ICSA en un 2,6 por ciento de aumento máximo y según fuentes parlamentarias, eliminar la contención de costo podría llevar el aumento hasta a un 5 por ciento.
Tampoco gusta que se sume el cobro en UF, de manera extraordinaria, de las cargas de menores de dos años de edad. La Corte Suprema, en su fallo original, ordenó la suspensión de este cobro. Éste aumento podría ser incluso mayor.
Las diputadas Gael Yeomans y Ana María Gazmuri, son ambas diputadas oficialistas que presiden las comisiones de Hacienda y Salud respectivamente, y realizaron la misma solicitud: Separar el debate de ICSA del reajuste.
Gazmuri habla incluso, de aplazarlo.
Para los parlamentarios en contra de los cambios al ICSA, resulta incomprensible que la Asociación de Isapres califique la medida como insuficiente, pero lo cierto es que las críticas al gobierno han subido de temperatura.
El domingo llamaron al Presidente Gabriel Boric a respaldar sus dichos con ‘acciones concretas’, apuntando que el balance del sistema privado ‘se ha roto’.
Camila Vallejo, ministra vocera de gobierno, aseguró que la Asociación de Isapres solo se ha prestado para presionar y no para buscar soluciones que no sean un salvataje.
Mientras tanto, el Senado tendrá su propia disputa. Es el inicio del tramite en particular de las indicaciones a la Ley Corta de Isapres, y sigue en el aire el mecanismo de la mutualización de riesgo que fue propuesta por la Comisión Técnica del Senado y que el gobierno no patrocinó como indicación.
Juan Luis Castro dice que el aumento del ICSA no puede separarse de la discusión de la Ley Corta: Solo el conjunto de los mecanismos para amortiguar la deuda de las Isapres y los cambios al índice de costos, puede servir para cumplir fallos y mantener la viabilidad del sistema.
El tema es que al frente habrá una oposición que coincide con el punto central: Por todo lo que complica al oficialismo, los senadores de Chile Vamos parecen concordar en que los mecanismos dispuestos en el ICSA, son insuficientes para paliar el 12 por ciento de pérdida promedio que tendrán las instituciones desde enero.
Francisco Chahuán, senador de RN e integrante de la comisión, alerta contra el riesgo de un colapso del sistema de salud si no se afinan aún más las medidas.
Para añadir a la controversia sobre los índice de costos, dentro de la Ley Corta se estima que se haga un nuevo recálculo: El escenario más complejo para los cotizantes, es que sus planes podrían aumentar hasta un tope máximo incluso superior al cinco por ciento.
Poco ayuda que las propias organizaciones tampoco están de acuerdo: la secretaría de Salud de la CUT, CONFUSAM y organizaciones de servicios de salud privada y universitaria emitieron un comunicado rechazando lo que llaman ‘un nuevo intento de salvataje’.
Dicen que es una ‘intervención descarada de un índice de costos que es técnico y objetivo’ y que es ‘una mala idea meterle mano a indicadores estadísticos’.